La aparición de una nueva Ley del Libro abre una era de cambios e inclusiones que fortalecerán a la industria editorial.
A pocos días que expire la última prórroga, la Comisión de Economía del Congreso decidió aprobar —con 124 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones— una nueva Ley del Libro y Fomento de la Lectura.
Esta decisión no ha sido tomada de manera improvisada, sino que surge de una ardua gestión y esfuerzo conjunto entre representantes del sector editorial, el Gobierno y algunos parlamentarios. La necesidad de una ley que regule el fomento a la lectura se puso nuevamente sobre la mesa el pasado mes de junio, cuando se otorgó una prórroga al Decreto de Urgencia Nro. 003-2019 hasta la quincena de octubre próximo.
Esta nueva Ley del Libro y Fomento de la Lectura exonera por tres años el pago del I.G.V. al sector editorial bajo los conceptos de importación y venta de libros. Así también, a FondoLibro se le asignará un presupuesto de S/ 16 000 000 (dieciséis millones de soles), de los cuales el 40% será destinado para la compra de libros y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas.
Willy del Pozo, presidente de la Cámara Peruana del Libro (CPL), señaló que «es un gran logro, un momento de alegría como hace 10 años nos dio Vargas Llosa al obtener el Nobel». Aunque hay que recalcar que el presidente de la CPL esperaba una inafectación permanente, en vez de «estar peleando cada tres años por algo que debería ser perpetuo».
Acerca de este deseo de la exoneración del I.G.V., Carlos Vela, presidente de Editoriales Independientes del Perú (EIP) menciona que «ha salido un proyecto de ley mejor que el que se estaba formulando al inicio de año. Definitivamente ha tenido sus frutos. Ha podido ser mejor, pero ha tenido buenos resultados». Con esto, se observa que el camino a una ley integral del libro ha comenzado su marcha con el pie derecho y a paso firme.
En el aspecto económico y legal, el beneficio tributario que ofrece la exoneración de I.G.V. es importante para un sector aún en crecimiento como lo es el editorial. Sin embargo, la ley va mucho más allá y ofrece otros beneficios. Pablo Cotrina, jefe de Contenido Digital y Alianzas de Worldreader, afirma que «se ha podido llevar a una norma las necesidades de varios actores que necesitan medidas para que su trabajo se asegure, exista y, además, puedan tener actividades que los sostengan en el tiempo». Esto revela un enorme cambio en las condiciones de trabajo para la industria del libro, donde gracias a esta ley existirá una mayor cabida a los lectores, bibliotecarios, escritores, promotores del libro, entre otros, que desde ahora verán reconocidos sus esfuerzos en un marco legal inclusivo, en vez de una ley que estaba pensada casi en exclusividad para «exportadores, impresores y algunas editoriales grandes».
Dante Antonioli, country manager de Pearson para Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay, añade que «tenemos una industria gráfica muy competitiva que todavía no la hemos aprovechado al máximo. En la región tenemos cada vez mejores servicios de impresión a precios competitivos». Como se observa, la participación de actividades colaterales a la producción de los libros es un buen síntoma del desarrollo industrial que el sector editorial está atravesando, y esto se mantendrá así siempre y cuando exista una constante cooperación entre los diferentes agentes que participan del sector, directa e indirectamente.
Este trabajo no compete solo a los editores y a los libreros; es indispensable la participación permanente de muchos agentes, como el MEF en lo económico, el Congreso en lo político, o el Ministerio de Cultura en la gestión y promoción, y así la lista se hace interminable.
Si deseas conocer la opinión completa de Carlos Vela, Dante Antonioli y Pablo Cotrina, te invitamos a revisar las entrevistas en los enlaces.
