Dante Antonioli es country manager de Pearson en Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay y autor del libro Derecho de autor para autores y editores (EEL, 2019). En esta entrevista comparte sus puntos de vista acerca de la nueva Ley del Libro recién promulgada. Asimismo, enfatiza en la importancia de fomentar la lectura y la adquisición de libros, y cómo esta práctica debería ir de la mano con el avance de esta ley.
CDEYC: La pregunta de rigor: ¿Qué te ha parecido esta nueva ley del libro?
DANTE ANTONIOLI: Es positivo que, después de varios proyectos que han estado allí en el Congreso desde años atrás, se haya decidido retomarlos. Extrae lo mejor y más consistente de los proyectos anteriores. Se ha propuesto un documento que, para comenzar, complementa, o reemplaza, algunos de las acciones que había en la ley anterior, que en el 2020 cumplía 17 años de promulgada. Había unos temas que corregir, y quedan otros pendientes por resolver. Es interesante ver una propuesta donde los beneficios tienen tiempo. Por ejemplo, la exoneración del I.G.V. tiene tres años, y anualmente se va a evaluar. Esto genera muchos beneficios. El gremio pensaba que se iba a exonerar, pero esta vez por tiempo indefinido. Pero esto obedece a que tanto el MEF como la Sunat tenían opiniones muy contrarias acerca del beneficio real que había producido la ley en estos años. Por eso se ha propuesto una evaluación anual de los resultados que se tienen respecto a los beneficios. Eso es interesante porque plantea un reto. No es solo tener un beneficio y gozar de ello, sino demostrar efectivamente que la ley funciona en un sector que ha tenido claramente una expansión dentro de los últimos años. No es solo un tema de devolución de impuesto, y esto es algo que comenté en algún momento en la Comisión de Cultura en las últimas semanas. Una ley del libro debe promover a todo el sector del libro y a todos los sectores colaterales que forman parte de sector editorial. Una ley debe ser un conjunto de medidas que promuevan un sector desde el lector hasta los productores de libros, editores, profesionales vinculados al diseño gráfico y la edición. Eso es un interesante punto de partida para mejorar las condiciones y la profesionalización del sector.
CDEYC: La gestión cultural también influiría mucho. Por ejemplo, la gestión de proyectos editoriales.
D. A.: Sí, hay algunos temas que se mantienen. Por ejemplo, la posibilidad de que medianos y pequeños editores puedan gozar de algunos de los beneficios, como la exoneración de I.G.V. Para la presentación de proyectos editoriales se mantuvo en 1 UIT el valor de la I.G.V. y la suma de diversas facturas de varios proyectos que se pudieran gestionar. Justo lo comentábamos en algún momento de esta discusión, que según la información que proveyó la Sunat para los beneficios de la ley, no era muy grande la cantidad de editores que habían pedido la devolución de impuestos. Esto tenía dos lecturas. La primera era la mirada de supervivencia de algunas editoriales independientes o pequeñas que no permitían que pudieran acumular el I.G.V. en proyectos editoriales en menos de un año, y la segunda podría apuntar a que hay un nivel de informalidad en el sector. Eso también es importante para formalizar algunos editores que trabajan de manera independiente o limitada en términos de tamaño de proyectos.
Además, es interesante que los autores hayan recuperado la exoneración del impuesto a las regalías. Eran los únicos no beneficiados por la ley. Y esto tiene mucho tiempo. Sus beneficios se vencieron en la ley anterior, al sexto año de vigencia.
Quedan temas pendientes: la promoción de comercio nacional, considerando que después de la pandemia la crisis en las librerías ha sido brutal. Se han empezado a diseñar nuevos mecanismos para la comercialización de libros, como los delivery, el uso de los canales formales de las empresas que hacen entregas a domicilio, entre otros. No sé si allí o en otro reglamento falta añadir alguna otra medida, como el promover el consumo interno de libros. No solo en librerías, sino también en las casas. Yo he querido comprar un libro y durante la pandemia no he podido, por ejemplo, y salen estas propuestas nuevas de llevarte el libro a tu casa, que estaban en manos de algunas empresas grandes, y no en cualquier librería. Es necesario que se promueva el comercio interno, el comercio electrónico —que todavía no está muy claro en esta ley—. Además deberían darse iniciativas con cierto respaldo del Ministerio de Cultura. Porque las ferias no resuelven todo. Se ha visto, y no solo en el Perú, sino en todo el mundo, que el punto débil y la parte más compleja para las ferias virtuales ha sido la de resolver la compra de los usuarios virtuales. La forma de comprar y cómo era la logística para la entrega. Esto tiene que ver mucho con las nuevas modalidades de compra. Por allí andamos bien, pero todavía muy lento. Todos reconocemos que durante la pandemia el consumo digital ha crecido bastante, pero en tema de libros aún falta.
CDEYC: Como dices, hubo muchos problemas. ¿Cómo ha estado el sector editorial ante la espera de una nueva ley? ¿Cómo han estado los escritores, los editores y las editoriales ante la llegada de esta nueva ley del libro?
D. A.: La principal preocupación de la mayoría de la gente del sector ha estado asociada a perder este beneficio de exoneración del I.G.V. y la devolución de impuestos. Es cierto que el número de proyectos editoriales ha disminuido o se ha transformado en este año para aquellos que han tenido que establecer medidas drásticas de supervivencia. Pero la ley no altera esta mirada de la pandemia. El Estado no va a resolver estos problemas del Covid-19 respecto al sector. Entonces, la espera que ha producido esta discusión de la nueva ley no iba a resolver los problemas que el Covid-19 nos ha traído, no solo al sector editorial, sino a la mayoría de sectores «prioritarios». Y lo digo entre comillas porque los que estamos en el sector consideramos al libro como un bien indispensable, pero para la gente que ha perdido el trabajo, para la gente que ha reducido su sueldo en sus empleos normales, el comprar libros ha pasado a ser una segunda o tercera prioridad. No hubo mucho impacto en ese aspecto.
Otro de los temas más interesantes de esta ley es la asignación de un fondo para compras del Estado que no existía formalmente. En el papel sí, pero no se había implementado, que es este fondo de S/16 000 000 supuestamente para compras para las bibliotecas. Esperemos que sea así. Por otro lado, hay una oportunidad de estudios sectoriales, es decir, que haya un estudio del libro cada cierto tiempo, cosa que no había existido. Más allá de las referencias que se hacen a un estudio que hizo hace unos años atrás la Universidad del Pacífico, no ha habido estudios vinculados al sector porque básicamente había una imposibilidad de datos. ¿Cómo haces un estudio de si las librerías impactan o no en el consumo del libro si no tienes información? ¿Cómo sabes que somos competitivos a nivel regional si nadie se sienta con la información recogida a trabajarla y compararla con respecto a otros países? Eso es interesante, como un tema de estudios del libro. Antes se aludía a la publicación de beneficiarios de la ley. Yo iba pensando que periódicamente se publican en algunos portales del Estado quiénes son los beneficiarios de los tratamientos especiales de la minería y de la pesca, ¿por qué en el libro era un secreto? Ahora se permite, en la nueva ley, que Sunat y el MEF publiquen periódicamente quiénes son los beneficiarios de la ley. Esto nos va a ayudar a saber, por ejemplo, si las empresas grandes siguen siendo las principales beneficiarias, quiénes son las [editoriales] más pequeñas, si algunos proyectos editoriales se presentan de manera conjunta entre dos o más editoriales, o si hay proyectos que empiezan a destacar a nivel regional.
La ley también ayudó que algunos focos de provincias empezaran a surgir, tales como Trujillo, Huancayo, Arequipa —que siempre fueron espacios de impresión—, y que entrasen a ser espacios de edición. Esto es uno de los elementos que, aunque no es tangible desde el punto de vista de beneficios monetarios, es importante dado que cualquier usuario o cualquier persona del sector podrá ver cómo marcha el sector cada cierto tiempo —esperemos que sea anual o bianual— y saber dónde invertir. Porque para poder tomar una decisión, gente que está fuera del mundo editorial, tiene que tener información de cómo va ese sector que le interesa. En cualquier negocio pasa lo mismo.
CDEYC: ¿Cómo ha sido todo el proceso para llegar a esta ley? ¿Cómo se ha ido dando?
D. A.: Como pasa normalmente en el Congreso, las diferentes bancadas presentan varios proyectos de ley. Estos proyectos de ley, o propuestas, tienen que manejar diferentes niveles de sustento y entran a la comisión que le corresponde. En este caso, entran a la Comisión de Cultura, y este Congreso que empieza este año recibe los proyectos como una «herencia» de la comisión anterior. Durante los últimos meses la Comisión de Cultura estuvo conversando con diferentes personas del sector, conversaron con la Cámara Peruana del Libro, con editoriales independientes y fueron sometiendo a opinión la propuesta que ellos habían elaborado. Entonces, hacen la presentación, va a la Comisión de Economía, tienen las opiniones de Sunat y de MEF y, más o menos a fines de agosto, se tiene un documento definitivo. Luego, aprobado por la Comisión de Cultura y la de Economía, entra a pleno del Congreso, que es lo que ha ocurrido hace unos días.
CDEYC: ¿Te ha parecido suficiente esta prórroga de tres años que ha brindado el Congreso a la ley?
D. A.: Aquí hay que tener mucho cuidado. No es que sea una prórroga de tres años, es que esta ley modifica la anterior en ese sentido. Lo que ocurre es que el I.G.V. estaba exonerado en la ley anterior, y la ley mencionaba un plazo de doce años para el beneficio de la exoneración. Por cuestiones de principios de Código Tributario hay exoneraciones que no se pueden prorrogar por mucho más tiempo. Pero detrás de estos tres años que se mencionan en esta ley, está la necesidad de que anualmente el Ministerio de Cultura emita un informe de los resultados de ese beneficio. Hay muchos detractores del otorgamiento de esta exoneración en la economía. Algunos dicen que no es bueno porque no genera competencia; otros dicen que sí; otros que genera corrupción. En este caso, la solución ha sido: «Promulgaremos una exoneración de tres años y vamos a mirar anualmente cómo va». No se ha cerrado la posibilidad de que se prorrogue. La posibilidad de que continúe la exoneración está abierta en función de los resultados que produzca la ley. ¿Qué indicadores se van a usar para medir los resultados? Eso no lo sabemos en este momento, lo definirá el Ministerio de Cultura oportunamente. Un indicador puede ser la cantidad de libros vendidos en el mercado o la estabilización de precios en comparación con los de otros países con productos del mismo tipo, o los textos escolares que siguen siendo la piedra en el zapato de todos en el tema de análisis de beneficios. Uno mira que la novela de un autor conocido a nivel regional cuesta más o menos lo mismo en cada país —las canastas de lecturas deben costar casi lo mismo para todos—, si los precios que está pagando el Estado son cada vez mejores. Puede haber muchos indicadores que digan que la Ley del Libro está generando un mayor consumo, está generando un ahorro en el consumidor, esta mayor venta (de un libro) está provocando que haya más librerías. Debería de haber una suma de indicadores que nos diga: «De acuerdo, este año ha estado todo correcto. Hemos dado el paso correcto». Luego se hace un análisis del segundo año y, si es positivo el balance, porque algunas cosas no serán buenas supongo—, en el tercer año se puede promulgar una prórroga. El problema es que el Código Tributario solo permite hasta dos veces la prórroga, habría que ver si es suficiente. Lo otro es que muchas veces nosotros decimos: «Ningún país de América Latina paga ningún I.G.V.», y eso no es tan cierto. Es cierto que la mayoría no paga, pero países como Chile u Honduras sí pagan el impuesto a las ventas. Habría que preguntarse cómo va la industria editorial allí, si los libros caros promueven la piratería, como se ha dicho siempre. El I.G.V. no es solo el problema a resolver; hay que resolver otras medidas como el auspicio de ferias distritales o provinciales. Creo que el problema del libro no está solo en el I.G.V. y en su precio final, también está en la promoción de la lectura. ¿De qué te sirve tener una industria súper protegida, con muchos beneficios, si la gente no lee? Creo que también aquí el tema es que se olvidan de que es la Ley del Libro y la Promoción de la Lectura, y la parte de la lectura es la más débil de este espacio y es muy importante que también se trabaje estos aspectos de la creación de bibliotecas, el fortalecimiento de bibliotecas escolares, la actualización del padrón del Sistema Nacional de Bibliotecas. La pandemia seguramente ha impedido que algunas bibliotecas distritales o nacionales —que son pocas además— hayan recibido recursos, el mantenimiento de estas bibliotecas, la apertura de nuevas salas de lectura. Todo esto es importante porque si no hay lectores no va a haber esa mejora.
CDEYC: Por último, aparte de estos retos que has mencionado, ¿qué otros existen?
D. A.: Siempre hay retos. Uno de los mayores dolores de cabeza —y en esto coinciden todos los editores— que tiene el sector es la organización de la comercialización del libro. La gran dificultad siempre gira alrededor de las librerías. Todos los editores de Latinoamérica mencionan que no hay suficientes librerías, y ese es un concepto bastante amplio. Sobre todo, en estos meses de pandemia y cierre de negocios, la pregunta es: ¿estamos hablando de una librería física?, ¿no hay suficientes librerías físicas?, o ¿no hay suficientes espacios de comercialización de libro?
CDEYC: ¿Querrás agregar algo más?
D: A.: Sí, me lo comentó alguien de la Comisión de Cultura hace unos días. Cuando se promulga una ley de beneficios no todos ganan, pero es cierto que no todos pierden. Aquí no hay perdedores, lo que debemos hacer es revisar con mucho cuidado —porque además viene el reglamento que debe aprobarse en un máximo de 120 días, y seguro se va a parecer mucho al vigente solo que ajustando algunas cosas— por qué no conseguimos la exoneración definitiva y de largo plazo del I.G.V. No significa que fracasó la negociación. Los resultados son bastante buenos. Lo que hay que hacer es aprovechar al máximo los beneficios que nos da. Otra cosa muy importante de parte de los editores es que nuestro trabajo no es solo vender libros, sino promover lectores, y esta es la tarea principal. Si no tenemos lectores no vamos a tener mercado.
